LA LEY DE GOITIA ABRIRÍA CAMINO En Vialidad Nacional no conocen el proyecto, aunque el Gobierno central menea una promesa de reactivación. Qué opciones tiene Valdés.
El proyecto denominado Autovía Travesía Urbana Ciudad de Corrientes, que comprende una traza de 13 kilómetros de extensión, acaba de cumplir seisaños. Los trabajos se iniciaron en abril de 2018 -gestión del presidente Mauricio Macri- y durante ese lapso, que incluye también el mandato del neokirchnerista Alberto Fernández, se avanzó un poco más del 40 % del total de la obra, que tuvo al menos tres aumentos de presupuesto por un monto superior al 300 %. Es probable que si la obra, por alguna rara carambola política, se volviera a poner en marcha en el corto plazo será por un acuerdo en la readecuación financiera, no sólo de los costos sino del origen de la inversión. Y el indispensable retorno que todo proyecto de gran envergadura requiere.
Habrá que seguir con atención el peaje, que ya existe en la zona -está ubicado en Riachuelo- y podría convertirse en un instrumento clave para darle vida al proyecto de la autovía. ¿Lo tendrá en el radar el gobernador Valdés?
No es lo único, hay otras opciones -todas legales- que la Provincia ya utilizó en su momento para concesionar al sector privado propiedades del Estado a cambio de "mejoras". Lo llaman iniciativa privada; el grupo Goitia, y otros de la ciudad, han sacado provecho de un decreto-ley que viene del último período de la dictadura y que fue reglamentado convenientemente en la era de los primos Colombi.
Se sabe que el Gobernador de Corrientes ha hecho gestiones personalmente ante el Presidente para que la Nación termine la obra -se trata de una necesidad imperiosa- o en todo caso le transfiera la potestad para que la Provincia pueda completar el proyecto. La respuesta se demora en llegar, Milei tiene el foco en otros asuntos.
El problema es que desde diciembre de 2022, quizás antes, no se hizo nada nuevo en el trazado que afecta a toda la circunvalación de accesos y salidas de la Capital provincial con el costo de vidas que eso significa. (Ver recuadro)
La paralización de la obra pública nacional que dispuso la administración del libertario Javier Milei hizo que el obrador de la autovía -a cargo de la empresa JCR- quedará totalmente abandonado. Según datos extraoficiales, están pendientes certificados por algo más de 11.000 millones de pesos y como si fuera poco, el proyecto ejecutivo tiene una falla tremenda. Fue confeccionado con un error técnico en el plano hidráulico que pone en peligro de inundación de algunos barrios de la zona. Detalle que descubrieron los perspicaces funcionarios kirchneristas después de más de dos años de continuar con los trabajos.
La reactivación de la obra, una vez salvado el "detalle técnico" que sería importante para que decenas de miles de correntinos no se inunden, depende de la decisión del Presidente de la Nación y eso está atado a una ecuación económica que condiciona la obra pública en general. Según recogieron como información autoridades de la provincia y legisladores nacionales, la intención del libertario Javier Milei es terminar con las obras que tienen un avance importante. ¿Calificará la autovía con su 40 %? Dicen que sí, pero está por verse. De hecho salvo amagues, no hay nada concreto.
En Vialidad Nacional no tienen muy claro de qué se trata. El actual titular de apellido Bertola, pareciera que todavía está descubriendo los puntos cardinales y la ubicación de Corrientes en la geografía vial.
La suerte de la Ley Bases, que esta semana comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación, podrá o no ayudar a que se destrabe el plan de obras públicas. Con Milei nada es seguro.
La apuesta de Corrientes es conseguir que le transfieran el proyecto pues se trata de una ruta nacional. ¿Qué se puede hacer? Utilizar recursos propios de la Tesorería (es lo menos aconsejable); buscar financiamiento internacional en entidad de fomento (sin devolución, sería lo ideal) o instrumentar la "iniciativa privada". En la provincia existe y ya fue aplicada la Ley 3796 que habilita la concesión de obra pública para que el sector privado la ejecute y luego la explote.
El redactor de esa legislación es Marcelo Falcione, ex ministro de Obras Públicas de la Provincia. Lo hizo cuando era funcionario del Ministerio en la década los años ‘80.
"Se puede recurrir perfectamente a esa ley, ya se hizo, pues permite que las empresas del sector privado realicen, a costo y riesgo, la obra y tengan la concesión de explotación posterior por una determinada cantidad de años que debe ser previamente acordada con la Provincia", explicó Falcione en diálogo con NORTE de Corrientes. Señaló también que ese modelo "va de la mano con la política del actual Gobierno nacional, que sostiene que las obras deben estar a cargo de los privados y no del Estado".
Otra posibilidad, que seguramente debe estar en estudio, es incluir al peaje de la concesión vial de la Ruta 12 como mecanismo de retorno de la inversión de una eventual "iniciativa privada". Hay varias opciones, todas están en agenda a la espera de una definición política que necesariamente debe emanar de la Casa Rosada. Mientras tanto, la obra sigue abandonada y es un peligro.
(L.A.S.)
