Susana Giménez: la AFIP apelará el fallo que cerró la causa por evasión

El tributarista y contador, César Litvin explicó a Radio Sudamericana porqué Susana Giménez estaba acusada de evasión de impuestos, porqué no prosperó la denuncia y anticipó que la AFIP apelará el fallo.

Susana Giménez le ganó la pulsada a la AFIP por la causa de evasión de unos 50 millones de pesos en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales en 2019. El juez Diego Amarante sostuvo que no hubo un intento de la conductora de engañar al ente recaudador, que es lo que se requiere para que el tipo penal se configure.El tributarista y contador de la diva del espectáculo, César Litvin, dialogó con Radio Sudamericana y explicó que Susana Giménez "en el 2020 cambió la residencia tributaria a Uruguay, en donde está viviendo".

Por otro lado, manifestó que hasta el último cambio de residencia "siguió pagando, pero solo sobre las ganancias y los bienes obtenidos en Argentina, no sobre lo que tiene o gana en el exterior".

QUÉ ES EL IMPUESTO DE BINES PERSONALES

La denuncia trata del impuesto sobre los bienes personales del año 2019 que a fin de ese año tuvo un incremento exponencial. Las alícuotas anteriores eran del 0,25% y se llegaron a un 2,25%.

“La realidad es que ese impuesto le generaba un efecto totalmente confiscatorio porque representaba el 126% de los bienes gravados. Aquellos bienes que generan una ganancia y si están gravados por un impuesto la realidad es que si gana 100 el impuesto es de 126% con lo cual no le alcanza al impuesto sobre esos bienes”.

Alcanza la renta para pagar el impuesto sobre esos bienes con lo cual en la interpretación de la Corte el efecto es confiscatorio y afecta a una garantía constitucional que es el derecho de propiedad privada.

POR QUÉ LA AFIP HABÍA DENUNCIADO A SUSANA GIMÉNEZ

Según lo que había trascendió en agosto, la AFIP denunció a Susana Giménez porque supuestamente se negó a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019, paso previo indispensable para pagar dicho impuesto.

Por ese motivo, la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó que la diva adeudaba $50.000.000. Sin embargo, debido a las multas e intereses, se especulaba que la cifra podía crecer hasta $300 millones.

César Litvin aclaró que la diva sí respondió a los requerimientos previos (declaración jurada de patrimonio y otros trámites), pero se negó sistemáticamente a presentar la DDJJ de Bienes Personales, aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es “confiscatoria”.

 

De esta manera, la celebridad solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 - Expte 2254/21) por el incremento de la alícuota de BP 2019. Esta medida se rechazó por el juzgado, fue apelada y luego solicitó el desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de Determinación de oficio.

 

En el mismo expediente, la conductora presentó otra cautelar para que no ser denunciada penalmente, que fue rechazada en julio 2022 porque no se advertía, en principio, “arbitrariedad en el accionar de la Administración”.