ABRUPTA DECISIÓN El cierre del INAFCI se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Milei que han generado polémica y preocupación en diversos sectores de la sociedad argentina. La decisión de eliminar este organismo plantea interrogantes sobre el futuro de la agricultura familiar en el país y la capacidad del Estado para garantizar su desarrollo y sustentabilidad.
En Corrientes, al igual que en las diferentes delegaciones del país, permite el fomento y promoción de actividades agrícolas que ponen en circulación a las economías regionales y garantizan la soberanía alimentaria.
El Instituto Nacional de La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) se topó este martes con el abrupto anuncio del cierre de sus actividades por parte del Gobierno de Javier Milei. Este organismo, con autarquía económica y financiera, fue establecido para intervenir en el diseño e implementación de políticas que promuevan el desarrollo económico de los sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena, así como a la pesca artesanal.
La decisión de eliminar el INAFCI, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó preocupación debido a sus repercusiones en el sector y en la soberanía alimentaria del país. Con más de 900 empleados y una amplia red de delegaciones, el Instituto desempeñaba un papel crucial en la promoción y apoyo a los agricultores familiares, que producen más del 60% de los alimentos consumidos en Argentina.
Patricia Breard, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar y delegada por la Unión de Personal Civil de la Nación, explicó que este organismo se encuentra operativo desde 1993, modificando su nombre pero no así su finalidad. "Nosotros formabamos parte primero de lo que fue el Programa Social Agropecuario, creado en 1993, de ahí data nuestra historia, de lo que en su momento fueron considerados pequeños productores y hoy son las agriculturas familiares", detalló al tiempo que aseveró: "Queremos que el Gobierno nacional de marcha atrás con esta idea arbitraria con la que están desconociendo nuestro trabajo. Desconocen lo que venimos haciendo hace más de 30 años".
En este sentido Breard subrayó que sólo en nuestra provincia, y de acuerdo al relevamiento realizado por el INAFCI, 10.500 familias dependen de las actividades que representan a la agricultura familiar, tanto en Capital como en localidades del interior, por ejemplo Riachuelo, Santa Ana, San Cosme, Itatí, General Paz, San Miguel, San Roque, Bella Vista, Empedrado, Ituzaingó, San Carlos, además de diferentes parajes.
El cierre del INAFCI implica no solo la pérdida de más de 900 puestos de trabajo, sino también la interrupción de programas y proyectos destinados a fortalecer la producción de alimentos en manos de los campesinos y campesinas, garantizando así la seguridad alimentaria y evitando migraciones masivas a las ciudades.
Como se mencionó, el Instituto tiene una serie de objetivos definidos en su creación, que incluyen desde la promoción de formas de producción agroecológicas hasta la coordinación con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo técnico, económico y comercial de los pequeños y medianos productores. "A través de los bolsones, una modalidad que muchos de ustedes han utilizado o conocen de seguro, hemos logrado ampliar la soberanía alimentaria y que la producción local llegue a la mesa de los ciudadanos incluso en pandemia", destacó la referente al mencionar, entre tantos, uno de los ejes de trabajo llevado adelante en el último tiempo.
Al ser consultada respecto a la posibilidad de avanzar en una medida judicial que permita frenar el cierre del INAFCI, Breard apuntó a que es una opción que consideran si en primera instancia fallan los intentos por lograr un consenso por medio del diálogo.
"Nosotros pese a no tener ningún lineamiento desde que este gobierno asumió, seguimos trabajando con los proyectos que teniamos, con los pequeños productores, mujeres rurales, promoviendo la organización, el cooperativismo y todo lo que procura el avance de la agricultura familia, potenciar las ferias francas, las leyes de reparación histórica de la agricultura. Son muchos años de trabajo, de generar accesos a servicios", afirmó la técnica. "Somos los únicos que a veces llegamos a lugares sin luz ni caminos, para poder conocer la situación de quienes viven en zonas rurales, trabajamos con equipos interdisciplinados que abarcan desde médicos hasta licenciados en economía con una red bien distribuida a lo largo y ancho de la provincia", subrayó.
